La misión europea preguntará a Montero por qué bajó las penas si conocía el riesgo de excarcelaciones

Una misión del Parlamento Europeo ha llegado este lunes a España para analizar qué sucede con la conocida como Ley del sólo sí es sí, además de otros asuntos como la Ley Trans -aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados-, las políticas de igualdad, la ley de dependencia o la lucha contra la trata y la explotación sexual. Con una intensa agenda de tres días, la delegación mantendrá distintos encuentros con colectivos y asociaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial y también con las ministras Pilar Llop e Irene Montero. La titular de Igualdad tendrá que responder por qué rebajó las horquillas penales para los delitos sexuales, con la evidencia de que ello provocaría una rebaja de condenas a los agresores e incluso su excarcelación. Hasta el momento, la norma ha provocado, ya que medio millar de delincuentes sexuales se hayan visto beneficiados.

La eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo (PPE) Elzbieta Lukacijewska preside la delegación en la que también hay representantes de los grupos socialista, liberal y de los verdes. Entre las eurodiputadas que examinarán las políticas de igualdad en España figuran Rosa Estaràs (PP), Lina Gálvez (PSOE) y Soraya Rodríguez (CS) y, como acompañantes, María Eugenia Rodríguez Palop, por parte de Podemos, y Margarita de la Pisa Carrión, de Vox.

Además de con Montero y Llop, a lo largo de estos tres días, mantendrán distintos encuentros con asociaciones de mujeres, sindicatos, miembros de la judicatura y diputados, incluida la presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, muy crítica con la recientemente aprobada Ley Trans, que permite el cambio de sexo en el registro a partir de los 12 años. Calvo, cabe recordar, rompió la disciplina del voto del PSOE y se abstuvo en las votaciones, por lo que ha sido sancionada. Están previstos asimismo encuentros con la Fiscal de Violencia contra la Mujer y con la presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la violencia doméstica y de género.

La visita se produce en plena ola de rebajas de condenas a agresores sexuales y con los socios de Gobierno enfrentados por la reforma de la ley, que lleva ya cuatro meses y medio en vigor. Una situación que contrasta con la urgencia con la que el Ejecutivo aprobó la derogación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, en apenas quince días. Pese a ello, PSOE y Podemos siguen cruzándose reproches por su aplicación y enredados en las propuestas para rectificarla. Moncloa, como reveló OKDIARIO, se mostró en desacuerdo con la rebaja de las penas y reclamó a Igualdad durante la elaboración de la ley que las aumentase, pero, aun así, acabó aprobándola ante la negativa de Montero. La propia ex vicepresidenta Calvo confesó también que en el Gobierno eran conscientes de sus consecuencias.

Preocupación

La alarma social que ha provocado esta norma ha llegado también a Bruselas, donde se analiza con preocupación. «Esta misión tiene que ayudar a que inmediatamente se corrijan los errores gravísimos del sólo sí es sí», explica la eurodiputada Rosa Estaràs, en conversación con OKDIARIO.

Su intención es que las reuniones que la misión mantendrá estos días sirvan para «corregir este despropósito». Recuerda que, pese a la versión de Podemos, «el consentimiento ya formaba parte del Código Penal y los actos sexuales no consentidos se castigaban desde hace muchos años» y destaca también que el Convenio de Estambul -al que se remite Montero para tratar de justificar su ley-nada dice de tocar las penas. La ministra de Igualdad señaló que esa rebaja era «necesaria» al unificar los delitos de abuso y agresión sexual.

Estaràs advierte de que «era clarísimo que las penas bajarían si han bajado las horquillas»; pese a ello, el Gobierno siguió adelante con la ley. En las reuniones con miembros del Poder Judicial se planteará también la «falta de técnica legislativa» en la elaboración de esta norma, que «ha eliminado la proporcionalidad de los comportamientos sexuales delictivos».

Otra de las preocupaciones que la misión pondrá encima de la mesa serán los efectos de la Ley Trans, que generan también inquietud a nivel europeo por las experiencias fallidas en otros países. La semana pasada, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dimitió por la polémica por los transexuales en cárceles de mujeres.

La delegación europea también quiere saber si Igualdad ha estudiado este asunto, además del efecto que podrá tener sobre la ley de violencia contra la mujer o la discriminación positiva en procesos selectivos. 

Una vez concluidas las reuniones, la delegación elaborará un informe -que se prevé esté concluido en tres meses-, que se elevará a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. Después se abrirá un plazo de enmiendas y el informe se someterá a votación. Sus recomendaciones se trasladarán al Gobierno español, instándole a su aplicación. El aviso europeo coincidirá con el ciclo electoral.